Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron este martes, de manera unánime, el dictamen de reforma al artículo 127 de la Constitución que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” en el sector público, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El proyecto establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración mayor a la asignada a la persona titular del Ejecutivo federal, y fija además un límite para las jubilaciones y pensiones del sector público.
De acuerdo con el dictamen, las pensiones de funcionarios y personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos y entidades paraestatales no podrán exceder la mitad de la remuneración presidencial, lo que en la práctica implicaría un tope cercano a los 70 mil pesos mensuales.
La reforma también prevé que ningún funcionario pueda percibir ingresos iguales o mayores a los de su superior jerárquico, salvo en casos específicos como la acumulación de varios empleos públicos o remuneraciones derivadas de trabajos técnicos especializados.
Quedan excluidas de estas disposiciones las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales del sistema de retiro, los sistemas complementarios financiados por sindicatos y la pensión universal para adultos mayores prevista en el artículo cuarto constitucional.
MC respalda reforma, pero alerta riesgos
Durante la discusión, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, respaldó el objetivo de eliminar pensiones desproporcionadas, al considerar que resulta “indefendible” que el Estado pague jubilaciones millonarias mientras millones de trabajadores reciben pensiones insuficientes.
Sin embargo, advirtió que la reforma plantea riesgos jurídicos importantes, entre ellos la posible retroactividad en perjuicio de personas que ya reciben una pensión.
“Reducir una pensión ya devengada representa un incumplimiento unilateral por parte del Estado frente a quienes cumplieron su parte del contrato social”, señaló.
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También cuestionó la excepción otorgada a las Fuerzas Armadas y el hecho de que el tope pensionario se calcule con base en el salario presidencial, lo que —dijo— introduce incertidumbre jurídica.
Por su parte, la senadora del PRI Carolina Viggiano adelantó que su bancada votará a favor de la reforma, aunque advirtió que el dictamen contiene inconsistencias que podrían afectar el Estado de derecho.
La legisladora sostuvo que la reforma podría implicar un acto retroactivo contra derechos adquiridos, al modificar condiciones pactadas en contratos laborales previos entre trabajadores y el Estado.
Además, criticó que el dictamen trate de manera uniforme regímenes de pensiones distintos y acusó al gobierno de utilizar el tema con fines políticos.
“No hay aquí combate a la corrupción. Solo hay resentimiento, propaganda y persecución contra el pasado”, afirmó.
PAN denuncia errores en el diseño de la reforma
El senador del PAN Ricardo Anaya coincidió en que deben eliminarse las pensiones “escandalosas y abusivas”, pero acusó a Morena de negarse a corregir fallas técnicas en el dictamen.
Entre ellas, cuestionó que el tope pensionario se calcule con base en el salario presidencial en lugar de utilizar la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que —dijo— generaría inestabilidad jurídica.
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También criticó que la reforma solo aplique a organismos descentralizados, dejando fuera dependencias de la administración pública centralizada y algunos regímenes sindicales.
En defensa del dictamen, el senador de Morena Pável Jarero sostuvo que la reforma busca terminar con un régimen de privilegios que durante décadas benefició a una minoría de funcionarios.
El legislador argumentó que resulta inaceptable que millones de mexicanos tengan pensiones modestas mientras algunos servidores públicos reciben jubilaciones millonarias.
“La transformación no puede permitir que continúe esta herencia de privilegios”, afirmó.
El dictamen será turnado al pleno del Senado para su discusión y eventual aprobación en los próximos días. De avalarse, pasará posteriormente a la Cámara de Diputados y, al tratarse de una reforma constitucional, requerirá también el respaldo de al menos 17 congresos estatales para su entrada en vigor.
FUENTE: SOL DE MEXICO.
